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HISTORIA: XII JORNADAS IGLESIA EN CANARIAS-5
 

XII JORNADAS DE LA HISTORIA DE LA IGLESIA EN CANARIAS

Crónica del quinto y último día: viernes, 30 de noviembre de 2007

“La Administración no puede impedir las exigencias de renovación litúrgica en los templos”
Isabel Aldonondo, Catedrática de Derecho de Universidad Autónoma de Madrid

Último día de las XII Jornadas de Historia de la Iglesia. La legislación sobre patrimonio es el tema de fondo expuesto por los tres ponentes.

Abre la tarde Isabel Aldonondo Echevarría, Catedrática de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, quien dirige la conferencia “Régimen del patrimonio cultural de la Iglesia en la legislación autonómica”. Analiza el caso de la catedral de Ávila como primer pronunciamiento judicial sobre el conflicto entre lo cultural y cultual. Está recogido en la sentencia de 28 de enero de 2005. En ella se resuelve el recurso interpuesto por la Real Academia de la Historia contra una orden de 2002 de la Consejería de educación y cultura. En ella se autorizaban las obras de remodelación del presbiterio de la capilla mayor de la Catedral de Ávila, en orden a adaptarlo a las exigencias litúrgicas conciliares. Se pretendía construir una estructura de madera sobre el suelo en el que se fueron enterrando los obispos abulenses desde el siglo XIV, constituyendo un gran valor histórico artístico. Las tumbas quedarían por tanto, ocultas impidiendo su visibilidad y contemplación. En este caso hay derechos en conflicto. Se trata de un bien que desde 1914, monumento histórico artístico hoy bien de interés cultural. Frente a ello “está el deber de conservación que es controlado por la administración”. Las leyes autonómicas reflejan esta obligación de conservación. La autorización es un elemento importante a la hora de la restauración. En referencia a “los criterios en las restauraciones es una cuestión muy compleja desde el punto de vista conceptual, las decisiones son enormemente variables por la actuación de la administración”. La solución a este tipo de conflictos consiste en armonizar lo cultural con lo cultual. Supone estructurar la actividad de los poderes públicos de tal modo que no olviden la especificidad cultural y la finalidad litúrgica del arte eclesiástico. El fundamento está en el artículo 16 de la Constitución española se recoge el derecho de la libertad religiosa de las personas y las comunidades, por tanto también de la Iglesia. Como derivación de la misma, el principio de autonomía de la Iglesia está recogida en ley orgánica de libertad religiosa , permitiendo sus propias decisiones sin interferencia del Estado. Desde este ámbito constitucional, “podemos afirmar que los poderes públicos no pueden impedir las exigencias de renovación litúrgica” Diputaciones y ayuntamientos tienen numerosos acuerdos de colaboración con las respectivas diócesis. La valoración general de las relaciones de la Iglesia con las consejerías es positiva. Las comunidades autónomas poseen su propia legislación en patrimonio histórico, en cuanto a los bienes opera el principio de cooperación entre autoridades civiles y eclesiásticas y la consideración de categoría de culto como criterio determinante. Normalmente se forma una comisión mixta con representantes autonómicos y de la diócesis en cuestión con el fin de establecer una coordinación y colaboración en orden a un plan conjunto (artículo 7 de la ley de Canarias en 1990). Las peculiaridades de los fines religiosos del patrimonio se recogen en diversas leyes autonómicas. En cuanto al patrimonio documental pertenecen a la comunidad autónoma los documentos de más de 40 años conservados o reunidos por las entidades religiosas. La transmisión de los bienes la mayoría de leyes se remiten a la legislación estatal, rige el artículo 28 de la ley de 1985, prohíbe la transmisión de bienes muebles, es decir “la Iglesia no puede vender sus bienes a quien quiera”. Afecta a todo el patrimonio, aunque no esté inventariado. En cuanto a la transmisión de bienes dentro de la misma comunidad autónoma puede presentar problemas como fue el caso de una comunidad de concepcionistas franciscanas en su traslado del convento de Pastrana en Guadalajara a Membrilla (Ciudad Real). En definitiva, los litigios canónicos y civiles como consecuencia de traslados se podrán evitar si queda claro en el contexto a quién pertenecen los bienes. La Catedrática Aldonondo manifiesta que “la cautela no tiene que ver con la prohibición de traslado de los bienes muebles”.

Tras esta primera ponencia, el segundo experto de esta última tarde es el Vicario judicial de la Diócesis de Canarias, Juan Artiles. Presenta “Lo común entre la autoridad civil y eclesiástica en materia de Patrimonio Histórico de la Iglesia”.Comienza con un detallado recorrido histórico entre lo común en lo civil y eclesiástico. Destaca la dimensión religiosa del ser humano. Por ello, “ignorarla, no permitir su práctica pública, sería uno de los atentados más graves contra los ciudadanos”. En este sentido, el derecho facilita el pensamiento sobre esta materia. El vicario Artiles señala la necesidad de Concordatos, “el Estado no puede legislar él sólo sobre la Iglesia”. Es básico establecer acuerdos con los responsables de las comunidades autónomas. Todo esto nos ayuda a entender la historia no como cementerio de recuerdos olvidados, sino como espacio de relaciones interpersonales. Como conclusiones, será elemento referencial recordar la norma que propone el Concilio Vaticano II en cuanto que la comunidad política y religiosa son independientes, están al servicio de la vocación social del hombre. Una apelación, “solamente se vivirá en democracia cuando se reconozca la doble soberanía popular, que construya la paz social”.

Cerró las ponencias de esta semana Daniel Padilla Piñero, Profesor de Derecho Canónico del ISTIC quien presentó “Bases para la cooperación Iglesia-Estado en defensa del patrimonio histórico artístico cultural”. Presenta en esta conferencia el recorrido a nivel histórico entre la Iglesia y el Estado. La fundamentación la encontramos en el artículo 16 de la Constitución Española donde trata la cooperación con la Iglesia católica, desde el principio de cooperación del bien común. Se reconoce la personalidad jurídica de la Iglesia católica. En cuanto a acuerdos se dan a nivel de enseñanza, pero en cuanto a patrimonio está relegado, “en la actualidad las relaciones entre el Estado español y la Santa Sede sufren un parón”. Sobre el plan de catedrales y conservación de conventos y monasterios, la restauración debe ser integral y debe existir una comunidad vive de monjes. La situación actual revela que “hay una gran paralización desde 2004 en que no se ha hecho prácticamente nada en torno a la comisión mixta”. Otras dificultades son el hecho de que “las iniciativas civiles sobre el patrimonio de la Iglesia se están realizando sin consenso”. A esto hay que añadir “la congelación del 1% del plan de catedrales, lo que supone una ralentización de todo” En la elaboración de legislación, los intereses de Iglesia y Estado. La propiedad eclesiástica nace en el derecho romano, la Iglesia conoce la finalidad de sus bienes, destinados al culto. Existen normas protectoras de ellos, en el código de 1983 siguen siendo escasa la referencia a ellos. En la legislación del Estado, solamente hasta el siglo XIX se puede hablar del interés para conservar el patrimonio. En la relación en el ámbito concordatario, toda la legislación referida al patrimonio sigue siendo bien de la nación por la que necesita la cooperación entre Iglesia y Estado. La Comisión mixta tiene estas funciones: interés de Iglesia y Estado por los bienes histórico artísticos, respeto a los derechos de las personas, reconocimiento de la funcionalidad del culto, compromiso del Estado en la restauración de dichos bienes. Cerrando la ponencia, a modo de conclusión el profesor Padilla afirma que “es necesario volver a la mentalidad común de acuerdos entre la Iglesia y el Estado desde el principio de colaboración mutua”.

En el momento de la clausura, agradecimientos y valoraciones positivas de los organizadores. Elías Zaít, organizador de las Jornadas destacó que lo novedoso ha sido la implicación de las dos universidades canarias en la organización de esta semana, “todos los esfuerzos realizados, tiene un carácter de novedad y progreso a la hora de hacer una tarea común”. Las notas musicales del concierto de arpa a cargo de José Ignacio Pascual Alcañiz, Profesor en el Conservatorio de Música de Las Palmas de Gran Canaria, pusieron punto final a estas XII Jornadas de Historia de la Iglesia celebradas del 26 al 30 de noviembre con el tema “El relato de la fe cristiana en el arte y en el tiempo”. La próxima edición de esta semana será dentro de dos años, en 2009.

(Julio Roldán)




Historia: XII Jornadas Iglesia en Canarias-4 | Política: El bien común ¿paradigma?

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