Se presenta la Memoria institucional de Cáritas Diocesana de Canarias 2024
El incremento del coste de la vida y la carestía de la vivienda obligan a la Institución a priorizar su intervención para garantizar la unidad de las familias.
Ha tenido que volver a activar una línea de crédito y simplificar su estructura tras la caída de un 24% de las donaciones y la falta de actualización de las aportaciones públicas.
Cáritas Diocesana de Canarias denuncia la mercantilización de la vivienda y el abuso de las personas más vulnerables.
Cáritas Diocesana de Canarias advierte que ha sobrepasado su capacidad de atención social debido a sus dificultades económicas, lo que compromete su capacidad para dar respuesta a las necesidades de las personas más vulnerables de la provincia de Las Palmas.
La Institución Diocesana, que este año cumple su 70 aniversario, se ha visto obligada a activar nuevamente una línea de crédito y a simplificar su estructura operativa, como consecuencia de una caída del 24% en las donaciones y la falta de actualización y diligencia de las aportaciones públicas.
El notable encarecimiento del coste de la vida, especialmente en el ámbito de la vivienda, ha llevado a Cáritas Diocesana de Canarias a tener que priorizar su intervención para garantizar algo tan básico como la unidad familiar de las personas que demandan su ayuda.
“Nos enfrentamos a una realidad en la que muchas familias no pueden permitirse pagar un alquiler, lo que tiene consecuencias devastadoras en su estabilidad, unidad y dignidad”, afirmó el director de Cáritas, Gonzalo Marrero, durante la presentación de la Memoria Anual de 2024 en su sede en la Avenida de Escaleritas.
En el mismo sentido, José Mazuelos, Obispo de la Diócesis de Canarias y Presidente de Cáritas, abundó en las dificultades económicas de Cáritas Diocesana de Canarias para dar respuesta a la realidad social. “Alzamos la voz porque la pobreza es más intensa para las familias y Cáritas tiene más dificultades para atender a una realidad que se agrava para los más vulnerables”, destacó Mazuelos, que enumeró los principales retos que interpelan a la sociedad canaria: “Las familias y Cáritas tienen que afrontar situaciones cada vez más complejas derivadas de la emergencia habitacional, el trabajo precario, el aumento del coste de la vida y la compleja realidad de las personas migrantes”.
"Cáritas no puede crecer al ritmo de las demandas sociales”
En este contexto, Cáritas Diocesana de Canarias hace un llamamiento a la solidaridad ciudadana, al compromiso de las instituciones públicas y empresas privadas, recordando que detrás de cada cifra hay familias reales que merecen una vida digna.
“Cáritas no puede crecer al ritmo que crecen las demandas sociales y, como consecuencia de estas restricciones, y por segundo año consecutivo, nuestras cuentas vuelven a presentar un déficit, lo que nos ha obligado a activar una línea de crédito para continuar dando respuestas adecuadas a los más empobrecidos”, reconoció el Director de Cáritas Diocesana de Canarias, afirmando que la solidaridad “es necesaria y urgente”.
“Son demasiadas las ocasiones donde instituciones como Cáritas se ven obligadas a desempeñar un papel que no les corresponde y les supera, y que han de afrontar y asumir las administraciones públicas de forma directa o financiando de manera adecuada a las organizaciones del tercer sector”, argumentó Gonzalo Marrero.
Mons. José Mazuelos también hizo “un llamamiento” a las administraciones públicas, al tejido empresarial, a los socios y donantes y a toda la sociedad para que se sumen “con generosidad a esta causa que cumple 70 años de compromiso” con las personas más desfavorecidas.
“Esta es una oportunidad para demostrar que, más allá de las palabras, la solidaridad y la justicia social siguen siendo valores vivos en nuestra comunidad. Toda aportación, grande o pequeña, es una semilla de esperanza que nos permite avanzar hacia una sociedad más justa y solidaria. Porque, como recuerda el lema de la campaña del Corpus de Cáritas, mientras haya personas, hay esperanza”, destacó José Mazuelos.
Cáritas Diocesana de Canarias atendió en 2024 a 7.478 hogares, lo que supone un total de 22.836 personas. Pero más allá de los números, las realidades que cada día llegan a Cáritas se han tornado más duras y complejas. Familias que hasta hace poco tiempo podían mantenerse con una cierta estabilidad, hoy se ven urgidas a solicitar ayuda porque no pueden afrontar los gastos de vivienda, alimentación, medicinas, luz, agua y otras necesidades básicas.
“No hemos podido atender de forma adecuada las demandas de todas las personas que acuden a Cáritas por falta de recursos económicos. Los recursos humanos, materiales y económicos de la Institución ya no son suficientes y cada vez tenemos menos disponibilidad financiera”, aseveró Gonzalo Marrero, reconociendo que Cáritas ha sobrepasado los límites de su capacidad de respuesta. “Hacemos todo lo posible por prestar los servicios en las condiciones adecuadas, los equipos de personas trabajadoras están entregados al límite, nuestro voluntariado multiplica su dedicación, su disponibilidad y su esfuerzo, y seguimos apelando a la generosidad y la solidaridad de la sociedad canaria. Pero eso no basta”, afirmó.
Para las personas que atiende Cáritas, el problema de la vivienda se ha convertido en una verdadera emergencia. No sólo por los altos precios de los alquileres, sino porque cada vez más personas se enfrentan al riesgo real de encontrarse en la calle. Como ejemplo, durante 2024 aumentó el gasto en ayudas para el alquiler y pensiones en un 25%, lo que se traduce en 354.029 euros más con respecto al año anterior.
“Atendemos cada vez a más familias con niños que no tienen un lugar digno y seguro donde vivir y damos prioridad a la realización de un esfuerzo máximo para que las familias no se disgreguen, ni se rompan por la amenaza constante de la exclusión social. Según estimaciones de Cáritas, que se rompa un núcleo familiar mínimamente estable multiplica la exclusión por cuatro”, alertó el director de Cáritas Diocesana de Canarias, Gonzalo Marrero.
Cáritas constata que esta realidad va en aumento y que no puede ni debe normalizarse. En lo que va de 2025 ya ha atendido a más de 188 familias sólo desde el Área de Vivienda, cuando durante todo 2024 dio respuesta a un total de 242 familias en riego de exclusión residencial. “La tendencia indica que esa cifra se superará ampliamente a final del presente año”, adelantó Marrero.
En contra del optimismo estadístico de algunas encuestas oficiales que parecen indicar que la pobreza se ha reducido en Canarias, la Secretaria General de Cáritas Diocesana de Canarias, Caya Suárez, rebatió estos datos oficiales de mejora: “Estas cifras positivas se deben matizar, ya que las personas en situación de exclusión severa, las personas que atiende Cáritas, no perciben esas mejoras económicas. Las personas en riesgo de exclusión siguen padeciendo graves carencias que las colocan en situaciones de gran vulnerabilidad”.
Detrás de la mayor vulnerabilidad de las personas está, entre otros motivos, el que se hayan encadenado varias crisis económicas, el encarecimiento del coste de la vida, el alza imparable de los precios de la vivienda, que condena a muchas familias a sobrevivir en infraviviendas y la precariedad e inestabilidad laboral.
Así, de todas las ayudas económicas que se registraron durante 2024 destinadas a las familias, el 55% estaban relacionadas con la vivienda. “El 37% de las personas atendidas carecía de la titularidad de una vivienda y hemos atendido a 1.571 personas en situación de sin hogar en la provincia de Las Palmas”, aseveró Caya Suárez.
Tampoco tener un trabajo supone un escudo que evita la vulnerabilidad de las familias canarias. Como refleja la memoria de 2024 de Cáritas, son más las familias que, a pesar de tener un empleo, no logran cubrir sus necesidades básicas o no pueden permitirse comprar o alquilar una vivienda digna. Esta situación es reflejo de un modelo laboral marcado por la temporalidad, los bajos salarios y la falta de estabilidad laboral. Sectores clave en la economía canaria, como la hostelería o los servicios, ofrecen empleos que no permiten a quienes los desempeñan salir de la precariedad y acuden a diario a Cáritas en busca de ayuda.
“El 18% de las personas atendidas por Cáritas en 2024 son trabajadores pobres y el 10% se encuentran en la economía sumergida. Otro 10% accede a un ingreso de baja cuantía a través de prestaciones sociales públicas que no les permiten cubrir el total de sus necesidades básicas y acceder a una vivienda digna”, subrayó Caya Suárez en su análisis de la intervención de Cáritas Diocesana de Canarias durante 2024.
Vídeo - Presentación Memoria Institucional 2024
Una realidad con mayores obstáculos para las personas migrantes
La difícil realidad que afecta a las personas más vulnerables en el archipiélago se hace más compleja para las personas migrantes debido a la ausencia de una autorización de residencia y permiso de trabajo o por la temporalidad de la misma. Esto determina que las posibilidades de encontrar un empleo o una vivienda digna se reducen de forma significativa.
“El 54% de los hogares a los que Cáritas dio respuesta en 2024 es de origen migrante. El 57% se encuentran en situación administrativa irregular, por lo que carecen de protección social pública. La incertidumbre se agrava aún más para los menores en situación de desamparo por el limbo jurídico en el que quedan al cumplir la mayoría de edad”, aseveró Caya Suárez sobre la realidad migratoria de las islas.
Cáritas denuncia la mercantilización de la vivienda y el abuso de los pobres
Las limitaciones de financiación de Cáritas y la falta de recursos han supuesto dificultades a la hora de abordar las realidades de pobreza y exclusión durante 2024, teniendo que optar por atender las situaciones más sangrantes y de mayor vulnerabilidad para evitar la disgregación de las familias. En concreto, una de los condicionantes que más amenazan la estabilidad de la unidad familiar es el mantenimiento del hogar.
Es por lo que Cáritas Diocesana de Canarias denuncia la creciente mercantilización de la vivienda y los abusos a los que se ven sometidas las personas en situación de vulnerabilidad. “No se puede permitir que el derecho a un hogar se convierta en un privilegio sujeto a intereses económicos”, afirmó Gonzalo Marrero.
“Estas situaciones afectan a las familias atendidas desde los diversos proyectos de Cáritas y han condicionado la intervención en 2024 al requerir un esfuerzo económico y técnico mayor para la Institución”, apostilló Caya Suárez antes de enumerar algunos casos extraídos de la observación de las personas técnicas y el voluntariado:
“Se están dando casos de precios abusivos de viviendas y habitaciones, familias hacinadas en casas compartidas, subalquileres de habitaciones y otros espacios sin cédula de habitabilidad, el aumento del negocio inmobiliario ofertando infraviviendas, la realización de un ‘casting’ previo con condiciones abusivas en los alquileres, el aumento del fenómeno de ‘cama caliente’ con turnos para el descanso en el mismo espacio, la ausencia de contratos y derechos en el alquiler o la venta del empadronamiento”, ejemplificó Caya Suárez en clave de denuncia.
A las casuísticas relacionadas con la vivienda se suman otras en las que Cáritas también ha intervenido, como el aumento de las adiciones. A través del Proyecto Esperanza se dio respuesta a 214 personas en situación de adicción y 121 familiares que participaron en los procesos de deshabituación durante 2024.
Otra de las claves de la intervención social de Cáritas se ha centrado en la atención a las personas en situación de sin hogar. Cáritas ha evitado a través de los dispositivos de Alojamientos Alternativos y los Centros de Baja Exigencia que 136 personas durmieran en la calle. A estas que hay que sumar 242 familias en riesgo de exclusión residencial atendidas por el Área de Vivienda.
Además, la vulneración del derecho a la vivienda también provoca un mayor deterioro físico y mental, ofreciendo atención y seguimiento psicológico en sus diferentes dispositivos, así como mayor dificultad a los tratamientos médicos y farmacológicos.
“Los principales perfiles vulnerables identificados son las familias monomarentales (1.421 hogares monomarentales atendidos, el 19% del total), las mujeres sometidas a mayor violencia que llegan a convivir con maltratadores o generan alianzas con otras personas que se aprovechan de su situación solo para tener un techo donde dormir. Especialmente vulnerables son las 428 mujeres en situación de prostitución y trata a las que el Centro Lugo de Cáritas acompañó durante 2024.
Los efectos de la vulneración del derecho a la vivienda y el abuso en los más pobres son aún más graves en menores por su mayor vulnerabilidad, afectando a su escolarización cuando carecen de empadronamiento, o en mayores de 65 años en situación de soledad y desamparo al no cumplir con los requisitos de los centros públicos y otros servicios no están adaptados a sus necesidades.
“En su 70 aniversario, Cáritas Diocesana de Canarias insiste en que se refuercen los servicios sociales, se garantice el acceso a una vivienda digna y se proteja a las personas más vulnerables. Estos derechos no son una alternativa opcional para las Administraciones Públicas, es una obligación ética y social de la sociedad en su conjunto”, concluyó la presentación de la Memoria Institucional de 2024 el Director de Cáritas Diocesana de Canarias, Gonzalo Marrero.
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